

Antioquia enfrenta hoy una discusión de grandes implicaciones: las Zonas (ZPPA) y las Áreas (APPA) de Protección para la producción de alimentos, que nacen de una resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que en el caso de nuestro departamento cobija a 23 municipios del suroeste Antioqueño. Si bien las ZPPA no son determinantes del ordenamiento territorial, es decir, aún no son limitantes de los usos del suelo, son el primer paso para la constitución de las APPA, que si limitan la soberanía de los municipios: le quitan a los Concejos municipales su competencia constitucional. Un atentado a la autonomía regional.
Las APPA fueron creadas por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y en la práctica introducen una reforma normativa permanente, ignorando el carácter de temporalidad de este tipo de planes y la necesaria unidad de materia que debe existir en su contenido. Las inquietudes sobre la constitucionalidad de este mecanismo ya han sido llevadas ante la Corte Constitucional y se está a la espera de que el alto tribunal se pronuncie.
Esta no es una discusión de Antioquia, es un debate prioritario para Colombia. Mientras en la Guajira se va un paso más adelante y ya se declararon las APPA – prohibiendo en 8 municipios las actividades mineras, industriales y de comercio y restringiendo el agroturismo-, en Antioquia, Cundinamarca y Tolima estamos a punto de que esto suceda. Es urgente que la ciudadanía entienda y se haga partícipe de esta discusión: la autonomía y el desarrollo de las regiones están en juego, así como la estabilidad financiera de los miles de trabajadores que hoy en día dependen de la continuidad de las actividades que se desarrollan en las zonas de potencial declaratoria de las APPA
Las APPA han sido presentadas por el Gobierno Nacional como un instrumento para garantizar la producción alimentaria en el país. Sin embargo, esta iniciativa plantea preocupaciones profundas en términos de autonomía territorial de los municipios, derechos sobre la propiedad privada y el modelo de ordenamiento territorial.
Las limitaciones de uso del suelo que establecen las APPA generan una gran contradicción: al prohibir por ejemplo la industria, ¿qué pasará entonces con la agroindustria? ¿No es ésta uno de los vehículos para la producción de alimentos y un camino para lograr la seguridad y la soberanía alimentarias en nuestro país? Pareciera que la norma estuviese respondiendo más a una mirada ideológica que a criterios técnicos y objetivos de producción.
Ahora bien, es un equívoco pensar que las APPA son un tema meramente agrícola. En su reglamentación se habla explícitamente de “limitar cualquier actividad minera, industrial y comercial”. En la práctica esto significa que, vía decreto, desde el nivel central se modifica de manera estructural el modelo de ordenamiento territorial de los municipios, generando un precedente que podría replicarse en otras políticas públicas.
Colombia necesita garantizar la producción alimentaria, pero no a costa de los derechos fundamentales de las personas ni de la sostenibilidad económica y social de las regiones. Bien lo dice la norma: es indispensable garantizar una coherencia entre los fines perseguidos y las motivaciones expuestas.
Si queremos construir un modelo de desarrollo rural que respete la diversidad y las particularidades de cada territorio, es imprescindible replantear las APPA y abrir un espacio para el diálogo amplio y participativo. Solo así lograremos un equilibrio entre los objetivos nacionales y las necesidades territoriales, asegurando que ningún municipio ni su gente terminen siendo, como dice la canción, “dueños de nada”.
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