Proantioquia como tercero interviniente en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto minero Quebradona en el municipio de Jericó, estructuró una estrategia de participación enfocada en incidir en el fortalecimiento normativo e institucional en materia de toma de decisiones públicas sobre proyectos extractivos a nivel territorial, bajo los principios de una amplia participación ciudadana, concurrencia y subsidariedad entre la Nación y las entidades territoriales, y la garantía de derechos para todos los ciudadanos. Dentro de dicha estrategia, decidimos adelantar una consultoría externa junto a Fedesarrollo, cuyo objetivo fue analizar el proyecto minero Quebradona en materia ambiental, económica y de gobernanza minera, y cuyos principales resultados se comparten a continuación.

En materia ambiental

Se realizó una revisión detallada del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa, y adicionalmente, de los diferentes conceptos allegados por otros terceros intervinientes en esta materia. El concepto de los consultores es bastante crítico del EIA, en función de la poca interacción existente entre sus diversos componentes, la no inclusión de un área de influencia mayor que genera impactos y transformaciones que no están incluidos en el EIA. Asimismo, se genera constancia sobre la estrechez y limitación del área de influencia en los componentes hidrológicos e hidrogeológicos. También se llama la atención sobre “el legado neto positivo” que se identifica en el EIA que, a juicio de los investigadores, no incluye medidas suficientes ni adecuadas para lograr dicho propósito, y mucho menos, medidas que permitan que la economía local continúe en un escenario sin proyecto.

En materia económica

La consultoría analizó la estructura socioeconómica del municipio de Jericó con base en fuentes secundarias, y realizó una cuantificación de las contribuciones del proyecto en materia de empleo, inversión, pago de impuestos locales y nacionales, contribuciones, regalías estimadas, efectos de encadenamiento productivo a nivel nacional, empleo, y efectos en el balance externo del país y de la región. El estudio concluye que, durante los 21 años de operación del proyecto, el municipio de Jericó recibiría en total $336.933 millones de regalías, mientras que para el departamento sería de $84.233 millones. Esto significa que el gran impacto económico está en función de los recursos percibidos por el municipio, ya que los ingresos municipales se incrementarían un 77% en 2026, llegando al 65% de incremento en el 2035. De allí que se hagan recomendaciones en materia de fortalecimiento de capacidades administrativas y financieras en el municipio, y de estrategias de desarrollo social que permitan encauzar los posibles recursos adicionales que recibiría por concepto de regalías.

En materia de gobernanza minera

El estudio destaca las debilidades que existen en el régimen minero actual, y el necesario fortalecimiento de la institucionalidad del país que tienen relación con el mismo, especialmente para emprender grandes proyectos como el que se desarrollaría en Jericó.  Igualmente, realiza un cálculo del concepto de Government Take (GT), que se define como la parte que captura el Gobierno de la renta económica real generada por una inversión durante la vida de un proyecto, calculada en términos de valor actual de los flujos de efectivo netos del Gobierno. En comparación internacional, el GT calculado para este proyecto según los investigadores, se encuentra en nivel intermedio-bajo para proyectos mineros en fase de explotación, lo que supone una pérdida de oportunidad para el Gobierno de extraer un mayor valor de esta inversión privada.

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